Desde la pandemia, nuesto país ha exportado armamento a 44 países no democráticos por unos 3.000 millones: «No se puede discriminar, se favorece el avance tecnológico». Leer Desde la pandemia, nuesto país ha exportado armamento a 44 países no democráticos por unos 3.000 millones: «No se puede discriminar, se favorece el avance tecnológico». Leer
Donald Trump ha vuelto a tambalear el orden mundial estas navidades con la detención del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. La intervención del país latinoamericano por parte de Washington ha envuelto los mercados internacionales con otra capa de incertidumbre, pero también ha desatado un debate internacional sobre los autoritarismos del siglo XXI. En tiempos de Vladimir Putin, Daniel Ortega o Xi Jinping, y cuando el futuro del líder bolivariano y su gobierno sigue en el aire; las decisiones comerciales de los países reconocidos como democráticos están cobrando especial relevancia en ese proceso de revisión del orden y las relaciones internacionales. Cuando se trata del comercio de armamento, todavía más.
En el caso de los Veintisiete, la referencia a la hora de excluir a ciertos gobiernos de sus socios comerciales son los dictámenes de la Unión Europea. Estos conforman la base rectora de las relaciones internacionales de países como España. Por ejemplo, las autoridades europeas estipularon en 2017 un embargo de armas a Venezuela, al que se adhirió nuestro país, por «estar profundamente preocupada por el continuo deterioro de la democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos».
El mismo criterio se aplicó con Rusia, tras la invasión ilegal de Ucrania en 2022, y con China, en 1989, después de la masacre de Tiananmén. La brújula del último veto armamentístico apuntó a Oriente Próximo, concretamente a Israel, aunque en esa ocasión la iniciativa llegó desde La Moncloa, de hecho, según confirman fuentes del sector, ha sido el primer embargo unilateral de España.
Estos países comparten, además de un embargo de armas, la pertenencia a un mismo arquetipo: son regímenes autoritarios, de acuerdo con el Índice de Democracia de The Economist. El listado recoge 59 gobiernos (Israel no está entre ellos), de los cuales 44 han adquirido material de defensa de origen español desde 2020. Así se deduce de datos del Ministerio de Economía analizados por Actualidad Económica, que evidencian que desde el año de la pandemia nuestro país ha exportado armas y tecnologías de doble uso a estos territorios por valor de más de 2.900 millones de euros, lo que representa el 16,34% del total de este tipo de productos que ha comercializado España.
Estos números posicionan al país ibérico como el noveno mayor exportador de armas del 2024. Según SIPRI (Instituto para la Paz de Estocolmo), España vendió el 3% del material exportado a nivel mundial entre el periodo 2020–2024. Esta es una cuota un 29% mayor que el periodo 2015-2019. El primer cliente de España es Arabia Saudí, que ha comprado el 24% de las exportaciones. Le sigue Australia (18%) y Turquía (13%).
Aunque el sector en España pasa por un momento dulce debido al plan de rearme europeo, Alberto Priego, doctor en Relaciones Internacionales y Director del Máster en Asuntos Internacionales de ICADE, advierte que la industria armamentística «no se puede mantener muerta en ningún momento». Ahora el Viejo Continente «necesita producir armas a lo loco», pero para los tiempos en los que no sea tan necesario, «la industria debe seguir viva y evolucionar». Ahí, según Priego, «no se puede discriminar clientes democráticos de no democráticos, las ventas a estos países favorecen el avance laboral y tecnológico español, ya que permiten mantener la industria militar».
El sector de la defensa y la seguridad en España emplea a casi 158.800 trabajadores y, en 2024, facturó 9.364 millones, según la Asociación Española de Empresas Tecnológicas de Defensa, Seguridad, Aeronáutica y Espacio (Tedae). Con todo, no todas las voces comparten la visión de Priego. «La exportación de material de defensa a países donde se violan los derechos humanos o donde hay fragilidad democrática es algo inmoral que el Gobierno respalda con un discurso de oportunidades económicas de dudosa valía», contrapone Albert Camés, director de la organización pacifista FundiPau y miembro de la Campaña Internacional para Abolir las Armas Nucleares (ICAN), organización galardonada con el Nobel de la Paz en 2017.
Para evitar que esta mercancía acabe en países antidemocráticos, Alberto Estévez, portavoz de Amnistía Internacional España, ve necesario reformar el sistema de evaluación de riesgos antes de autorizar las exportaciones. Defiende la creación de «una unidad especializada con un criterio uniforme basado en derechos humanos». El problema es que no siempre los factores políticos están alineados con los criterios humanos. Estévez señala a Estados Unidos que «no deja de vender suministros y utilizar las armas para alcanzar acuerdos internacionales». Así sucedió en los acuerdos de Abraham, con los que EEUU medió para acercar a Emiratos Árabes e Israel, prometiendo a Emiratos la venta de cazas F-35 como contraprestación. «Muchas veces se usa ese caramelo para que se cierren acuerdos políticos», remata el portavoz.
Arabia Saudí, el mayor comprador. Félix Arteaga, investigador principal del Real Instituto Elcano, considera que las ventas a países autoritarios buscan «preservar el orden, persiguen razones de seguridad nacional o tratan de mantener la estabilidad regional». Arteaga indica que la Unión Europea no utiliza el criterio del Índice de Democracia, sino que basa sus flujos comerciales en compromisos internacionales y en el Derecho Internacional. Caso por caso, en función de la situación interna de un país o de si en este concurre una situación grave en cuanto a derechos humanos, «se le puede bloquear».
Arabia Saudí concentra dos terceras partes de las ventas españolas en el segmento de tecnología de defensa y de doble uso, en total suma más de 1.700 millones de euros en compras, de los cuales el 93% corresponden a material de defensa. El Golfo Pérsico concentra el 76% de todas las ventas nacionales a regímenes autoritarios. Priego explica que las crecientes tensiones con el régimen ayatolá en Irán ha propiciado un aumento exponencial del gasto armamentístico en esta zona, algo que se ve reflejado en las milmillonarias importaciones de armamento de origen español.
En los últimos cinco años, Riad dedicó el 7,3% de su PIB a defensa, de acuerdo con el Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz (SIPRI por sus siglas en inglés), y la monarquía saudí se ha posicionado como el mayor comprador de buques de guerra, vehículos aéreos no tripulados (UAV), aviónica y munición de todos los países autoritarios del mundo.
El top 10 de compradores de material español lo completan Emiratos, Omán, China, Kazajistán, Pakistán, Marruecos, Egipto, Vietnam y Burkina Faso. Entre todos suman compras por más de 2.700 millones y representan cerca del 93% de todas las ventas de España a este tipo de regímenes desde el 2020. Las compras a nuestro país son solo una parte de sus planes de rearme. Por ejemplo, Omán dedicó el 5,6% de su PIB en 2024 a defensa y Burkina Faso duplicó su gasto militar en tan solo tres años, pasando del 2,3% en 2021 al 4,7% del PIB en 2024.
Los buques de guerra y sus componentes encabezan las exportaciones españolas, superando los 1.300 millones. Los UAV y aviones ligeros superan los 400 millones. Las municiones ocupan el tercer lugar y, de nuevo, Arabia Saudí es el principal cliente. En cuarto lugar aflora el primer material de doble uso, las herramientas y la maquinaria, y aquí es China el país que más apuesta por la marca España. Omán, por su parte, es el principal destino de vehículos terrestres militares y blindados.
Pese a que la tecnología de doble uso no tiene, en apariencia, una vinculación militar, Albert Camés advierte que enviar esta tecnología a países autoritarios, a los que no se puede vender armamento, supone «un doble rasero», pues este intercambio con países sancionados se suele justificar como uso civil, aunque en la mayoría de los casos, su fin es «claramente militar». En este punto, resuena la influencia de China en las relaciones con este perfil de estados. El experto en armamento Carlos Toro denuncia interferencias por parte de expolíticos españoles que estarían favoreciendo las exportaciones de material al gobierno de Xi Jinping. Asegura que la «simpatía hacia todo lo antiamericano influye en favor de China» y se explican por la acción de determinados grupos de presión, los verdaderos actores que mueven ficha en este ámbito.
En números, España exportó tecnología de doble uso valorada en 444 millones a regímenes autoritarios, lo que representa un 15% del flujo total hacia estos territorios. Entre los países sancionados con embargos y que han comprado a España tecnología de doble uso se encuentran China, Venezuela, Rusia, Bielorrusia, Irán y la República Democrática del Congo. El gigante asiático es de entre los autoritarios el país que más dinero ha desembolsado en estos materiales (125 millones), en el que destacan maquinaria, herramientas y sustancias químicas y toxinas. Estévez coincide en que las ventas de esta tecnología supone una «zona gris en el control del comercio de defensa». En la misma línea se posiciona Toro: «La venta de doble uso a países con embargos de armas es una coartada porque tienen fin militar con implicación civil y se excusan en que es material de doble uso para así vender material militar».
En ciertas manos, el material que se emplea en labores de antidisturbios también supone un alto riesgo para la población cuando se emplea para la represión policial. El investigador principal de Elcano asegura que, por tema de licencias, «lo más difícil de exportar son las armas antidisturbios pequeñas». En este sentido, Jordi Cruz, coordinador del Centre Delás, denuncia: «Vender este material a regímenes no democráticos donde no hay garantías de derechos ni control civil es una aberración, si ya en democracias hay riesgos, imaginen en países con mayor impunidad». En los últimos cinco años, España envió productos de este género a Togo, Marruecos, Mauritania, Qatar y Azerbaiyán. Entre el material vendido a Togo, principal comprador con con más de 880.000 euros, destacan cartuchos impulsores y artificios triples lacrimógenos, en tiempos en los que Amnistía Internacional ha denunciado desapariciones, muertes y violencia atribuidas a la policía togolesa. En Marruecos, donde distintas organizaciones mundiales de derechos humanos han denunciado represión y violencia policial, España ha exportado material antidisturbios por valor de 631.000 euros, entre ellos cartuchos y esposas.
La autorización de este tipo de exportaciones en España depende de la Junta Interministerial de Material de Defensa (JIMDDU), dependiente del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa. Este medio remitió cuatro peticiones de información pública a dicho departamento, que no remitió los datos solicitados. «El Consejo de Ministros del 13 de marzo de 1987 calificó de ‘materia clasificada’ con la categoría de secreto las actas de la JIMDDU, que no podrán ser comunicadas, difundidas, ni publicadas, ni utilizado su contenido fuera de los límites conforme a la Ley sobre Secretos Oficiales del 68 […] y no procede conceder dicho acceso en aplicación de los límites referidos», argumentaron desde Economía.
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