El sindicato responde a las alegaciones del Ejecutivo ante el Comité Europeo de Derechos Sociales que las horas extraordinarias están en máximos de 15 años Leer El sindicato responde a las alegaciones del Ejecutivo ante el Comité Europeo de Derechos Sociales que las horas extraordinarias están en máximos de 15 años Leer
En plena negociación sobre la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas, la batalla en instancias europeas entre la Unión General de Trabajadores y el Gobierno de España a cuenta de la retribución de las horas extraordinarias se recrudece. El sindicato denunció ante el Comité Europeo de Derechos Sociales que la legislación nacional no contempla el pago de una prima por la realización de horas extra y el Reino de España alegó que este es un asunto que debe acordarse por convenio colectivo y no por ley. La respuesta choca con la postura que mantiene en la mesa de diálogo social el Ministerio de Trabajo, que defiende que la jornada tiene que recortarse por vía legislativa. Por ello, la UGT ha remitido un nuevo escrito a Estrasburgo en el que le advierte de que el Gobierno le está ocultando que, precisamente en esa misma mesa, la patronal ha pedido que se incrementen las horas extra a cambio de aceptar la reducción de la jornada.
En la contestación del sindicato a las alegaciones que redactó la Abogacía del Estado -adscrita al Ministerio de Justicia y no al de Trabajo- UGT asegura que en ese escrito, el propio Gobierno «reconoce de forma expresa y abierta» que el Estatuto de los Trabajadores no garantiza el derecho a cobrar un plus por las horas extra, como obliga la Carta Social Europea, ya que admite que «el 40% de los convenios colectivos no recogen cláusulas que aumenten la remuneración de la cuantía salarial», mientras «el 60% que sí aumentan la cuantía salarial solo protegen al 55% de los trabajadores». «El Gobierno de España no tiene rubor alguno en justificar esta falta de reconocimiento legislativo nacional del derecho social europeo», critica la organización sindical en el texto al que ha tenido acceso EL MUNDO.
En su respuesta, basándose en datos de la última Encuesta de Población Activa (EPA), UGT hace hincapié en que las horas extraordinarias trabajadas en España marcan en estos momentos máximos de 15 años, ya que en el segundo trimestre se hicieron casi siete millones de horas extra, un 16% más que en 2023. El sindicato ubica este dato «en pleno debate social para reducir la jornada» y es en este punto donde advierte a Estrasburgo de que, en su escrito de alegaciones, el Gobierno «silencia que la patronal ha pedido incrementar las horas extra a cambio de aceptar la reducción progresiva de jornada».
Es cierto que ya antes del verano los empresarios exigieron al Ministerio de Trabajo en la mesa de negociación en la que se sientan también los sindicatos CCOO y UGT que se amplíe el máximo de horas extraordinarias -actualmente el límite está en 80 horas anuales- a cambio de aceptar una reducción progresiva y flexible de la jornada. Pero el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, fue categórico al respecto: «No vamos a aceptar una reducción de jornada fake», sentenció el número dos de Yolanda Díaz.
UGT también aclara al CEDS que la demanda empresarial ha sido frontalmente rechazada por los sindicatos, aunque incide en que sólo el hecho de que la patronal haya puesto sobre la mesa la exigencia de incrementar las horas extra «evidencia que, en España, la normativa y la práctica, incentivan las horas extras, por su bajo precio y escaso control«.
Asimismo, la organización sindical argumenta que el Gobierno en sus alegaciones lo que ha hecho en efecto es asumir su denuncia, pero cuestionar que el derecho al plus retributivo sirva realmente para reducir las horas extra. A la vez, critica que el Ejecutivo afirme que sus medidas de control están «permitiendo reducir progresivamente el número total de horas extraordinarias», hasta el punto de que «en el futuro» se eliminarán «por completo las horas extraordinarias no remuneradas», mientras los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) evidencian que las horas extra están batiendo todos los récords.
El conflicto no es baladí. A la espera de la resolución final, y aunque existen dudas jurídicas sobre si los pronunciamientos del Comité Europeo de Derechos Sociales son vinculantes a nivel legislativo en los Estados, el asunto de las horas extraordinarias va a convertirse en central en el debate sobre la jornada laboral en España. De hecho, UGT también hace saber a Estrasburgo en su escrito que «la reforma que en este momento se diseña sobre el tiempo de trabajo no afecta solo a la reducción de la jornada de trabajo, sino que pretende producir también una reforma profunda del registro de jornada (…) a fin de eliminar el registro en papel y pasarlo todo a formato digital, con sistemas mucho mejor conectados directamente Inspección, para dar más transparencia y efectividad al cumplimiento».
«Consecuentemente, si resulta que el propio Gobierno está insatisfecho con la actual regulación y considera muy necesario reformarla, resulta evidente que la normativa actual y su control efectivo no son suficientes para la efectividad de los derechos sociales en juego ni tampoco disuasorios del incumplimiento», enfatiza UGT. Y lo ejemplifica explicando que la multa máxima por incumplir el registro horario es de 7.500 euros, pero en la práctica la sanción media asciende a tan sólo 1.000 euros.
Por ello, a partir de ahora el flanco sindical va a poner el foco, precisamente, en la necesidad de reforzar el control sobre el registro horario de las empresas y endurecer las sanciones para las compañías que incumplan la normativa en esta materia. Una medida que rechaza de plano el flanco empresarial y que se plantea como la gran discusión que puede acabar haciendo saltar por los aires la negociación tripartita.
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