Jueces y fiscales acabaron ayer tres días de huelga son conseguir que e ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, haya decidido ni un ápice en sus reivindicaciones. Los miembros de las dos carreras del poder judicial reclamaban la retirada de dos reformas impulsadas por el Ejecutivo, una para el acceso a la carrera judicial y fiscal, y otra por la modificación del estatuto del ministerio fiscal.
Las cinco asociaciones judiciales y fiscales convocantes se reúnen mañana para analizar los datos y decidir próximos pasos contras las reformas impulsadas por el ministro Félix Bolaños
Jueces y fiscales acabaron ayer tres días de huelga son conseguir que e ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, haya decidido ni un ápice en sus reivindicaciones. Los miembros de las dos carreras del poder judicial reclamaban la retirada de dos reformas impulsadas por el Ejecutivo, una para el acceso a la carrera judicial y fiscal, y otra por la modificación del estatuto del ministerio fiscal.
El comité de huelga ha contabilizado que durante los tres días de movilización, la participación ha sido de un 70%.
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“Se trata de una huelga histórica, ya que nunca antes ha habido tres días consecutivos de movilización de jueces y fiscales, ni un seguimiento tan masivo, en defensa de la independencia judicial y del Estado de Derecho”, recogieron ayer en un comunicado tras finalizar la huelga.
El comité anunció que las asociaciones convocantes se reúnen hoy para realizar una “valoración exhaustiva de la huelga y, tras analizar todos los factores implicados, adoptar las decisiones oportunas para el futuro”.
Entre otros puntos, estas asociaciones son especialmente críticos con el punto de la reforma que pretende la introducción de 1.004 jueces y fiscales sustitutos en la carrera mediante un examen ‘ad hoc’ “que vulnera injustamente los derechos de los 4.000 jóvenes —en su mayoría mujeres— que dedican sus esfuerzos personales y familiares a alcanzar el sueño de ser juez o fiscal”.
Una vez acaba la huelga, el Ministerio de Justicia debe contabilizar a los huelguistas para proceder al descuento de los tres días no trabajados. Sin embargo, desde el departamento de Bolaños ya se ha advertido que no hay datos exactos de la gente que se ha acogido a la huelga, una vez que ni el Consejo general del Poder Judicial ni la Fiscalía general del Estado han aceptado recoger esta información tras haber alertado que no tienen reconocido el derecho a la huelga.
Ayer mismo, el CGPJ comunicó que no ha recibido comunicaciones de los órganos de gobierno interno del Poder Judicial sobre incidencias que hayan requerido la intervención de este órgano constitucional. Además, advierte que carece de competencia para recabar imperativamente datos de identidad de quienes participen en una huelga que el pleno de este órgano constitucional tuvo por no anunciada en su acuerdo del 26 de junio.
Por último la comisión permanente del órgano pudo constatar que Bolaños ha facilitado públicamente datos de participación en la huelga convocada a partir de la información requerida por su departamento a los Secretarios de Gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia. Por tanto, el Gobierno ya cuenta con sus propios datos -muy inferiores a los aportados por el comité de huelga- y será a partir de esos que se hará la lista de huelguistas para detraer el dinero correspondiente.
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