El órdago parece que se va a cumplir en forma de sexta huelga de jueces de la democracia, a la que en esta ocasión se une la carrera fiscal. Como aperitivo a este paro que durará tres días, hoy se concentran ante la sede del Tribunal Supremo, como símbolo de la mayor institución de la justicia.
Cinco de las siete asociaciones judiciales y fiscales escenifican ante el Tribunal Supremo su rechazo a lo que consideran un intento de desprestigiar la justicia, en medio acusaciones de ‘lawfare’
El órdago parece que se va a cumplir en forma de sexta huelga de jueces de la democracia, a la que en esta ocasión se une la carrera fiscal. Como aperitivo a este paro que durará tres días, hoy se concentran ante la sede del Tribunal Supremo, como símbolo de la mayor institución de la justicia.
Los convocantes son cinco de las siete asociaciones de jueces y fiscales, todas menos las dos progresistas. La razón, su oposición a las dos reformas de la justicia anunciadas por el ministro de Justicia, Félix Bolaños. Los organizadores insisten que es una huelga por la dignificación de la carrera y que nada tiene que ver con política.
Sin embargo, en el trasfondo está el hartazgo a las acusaciones por parte del Gobierno y partidos que apoyan al Ejecutivo de ‘lawfare’ y el ataque, tal y como lo ven a la independencia judicial. La presidenta del Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, ya ha tenido que hacer varias advertencias de que se frenen los ataques a los jueces que llevan asuntos polémicos.
La tensión entre el poder judicial y el ejecutivo ha ido escalando en los últimos tiempos, siendo además la ley de la Amnistía para el procés otro generador de choque por verlo como un ataque a la separación de poderes.
Lee también
Los jueces y fiscales están en pie de guerra porque ven un intento por parte del ejecutivo, instrumentalizando el legislativo, para controlar al poder judicial. Por eso también se ponen en huelga por la reforma del estatuto del ministerio fiscal, para allanar el camino a la concesión de la instrucción a los fiscales. Consideran que no se puede hacer hasta que no se desvincule el nombramiento del fiscal general del Estado del Gobierno. A su juicio, esta reforma ha sido una oportunidad perdida para cumplir con las exigencias de Europa de dotar mayor independencia a la Fiscalía.
Bolaños impulsó una reforma para facilitar el acceso a la carrera judicial y fiscal, ampliando becas, modificando tipos de exámenes, ampliando el cuarto turno, poniendo coto a los preparadores de opositores, limitando la financiación de las asociaciones y sobre todo, consolidando la plaza a todos aquellos licenciados de derecho que actúan como jueces sustitutos sin haber opositado para ello.
El Supremo como símbolo
Bolaños ya ha comunicado que las reformas no van a ser paralizadas ni retiradas. Mantendrá el pulso hasta las últimas de las consecuencias. Intentará frenar la imagen que se espera mañana de los jueces plantados en el Supremo. “Esta primera actuación pública tendrá lugar en un emplazamiento profundamente simbólico e institucional. No se trata de una protesta contra ningún poder del Estado, sino de una manifestación cívica destinada a visibilizar el papel esencial del Poder Judicial en la garantía de los derechos fundamentales y la independencia judicial”, dicen los convocantes.
Han elegido el Supremo por su significado institucional: “es el lugar donde los opositores culminan su camino de acceso al servicio público, tras años de esfuerzo sustentado en los principios de mérito, capacidad e igualdad”.
Los convocantes –la Asociación Profesional de Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF)– anunciaron ayer que siguen adelante con la huelga, a pesar de que tanto el Consejo General del Poder Judicial como la Fiscalía General del Estado han emitido sendos informes en los que comunican que ni jueces ni fiscales tienen reconocido el derecho a la huelga y, por tanto, no se establecerán servicios mínimos. Ambos organismos se basan en criterios previos, que ya desde el 2012 dicen que no existe tal derecho en ambas carreras. Sin embargo, y a pesar de ello, a lo largo de estos años ha habido varias huelgas.
El comité de huelga anunció que serán ellos quienes, al igual que en anteriores ocasiones, fijen los servicios mínimos para garantizar la protección judicial del ciudadano.
Además, ante las críticas vertidas desde el Gobierno, que les acusaba de ir a la huelga sin que les afecte económicamente, en un comunicado el comité advirtió que la huelga afectará a su retribución, como a cualquier trabajador. Como paso previo a los paros, hoy se celebra una concentración en la sede del Tribunal Supremo para exigir la retirada de las reformas. Bolaños ya ha anunciado que no solo no van a dar marcha atrás, sino que va a seguir su tramitación parlamentaria porque considera que estas son esenciales para la modernización y democratización de la justicia.
Para estas cinco asociaciones, estas reformas legislativas “comprometen gravemente los principios de independencia judicial, separación de poderes y autonomía del ministerio fiscal”. Y alegan que “la huelga constituye una medida legítima, proporcionada y responsable en defensa de los principios fundamentales del Estado de derecho, de la independencia judicial y de las condiciones profesionales”.
Al respecto, las asociaciones convocantes “mantienen firmemente que el derecho de huelga es un derecho fundamental recogido en la Constitución, no cabe interpretación restrictiva, de su reconocimiento no se excluye a jueces y magistrados y la ausencia de normativa específica de desarrollo no supone su exclusión”.
Alegan que, tal como ha establecido una sentencia del Tribunal Constitucional, se trata de un derecho de titularidad individual que cada persona puede ejercer de manera autónoma sin necesidad de autorización o comunicación previa. Y advierten de que “cualquier intento por parte del empleador de condicionar, obstaculizar o coaccionar la decisión de un trabajador respecto a su participación en una huelga constituye una infracción muy grave y puede dar lugar a sanciones económicas e incluso a la nulidad de los resoluciones disciplinarias”.
Política
