El Congreso dio ayer un primer paso para revisar su propio funcionamiento parlamentario. En una inusual confluencia entre los dos grandes partidos, el pleno aprobó la toma en consideración de una reforma del reglamento impulsada por el PP que pretende acotar los tiempos de tramitación de las iniciativas legislativas para impedir que la Mesa de la Cámara, donde en esta legislatura PSOE y Sumar tienen mayoría, prolongue indefinidamente el proceso de enmiendas o paralice proposiciones de ley sin un pronunciamiento expreso.
La iniciativa popular limitaría la capacidad de la Mesa de postergar los proyectos
El Congreso dio ayer un primer paso para revisar su propio funcionamiento parlamentario. En una inusual confluencia entre los dos grandes partidos, el pleno aprobó la toma en consideración de una reforma del reglamento impulsada por el PP que pretende acotar los tiempos de tramitación de las iniciativas legislativas para impedir que la Mesa de la Cámara, donde en esta legislatura PSOE y Sumar tienen mayoría, prolongue indefinidamente el proceso de enmiendas o paralice proposiciones de ley sin un pronunciamiento expreso.
El PP justifica su propuesta como una reacción al denominado “congelador de Armengol”, en alusión a la práctica, según denuncia, de posponer sine die la tramitación de leyes, especialmente aquellas procedentes del Senado, donde los populares tienen mayoría. Y para combatirlo, plantea límites temporales a cada fase del proceso parlamentario, con el argumento de garantizar el derecho de los grupos a que sus iniciativas avancen.
La propuesta concreta establece un plazo de diez días hábiles para que la Mesa fije el calendario de enmiendas tras la publicación de una proposición de ley. A partir de ahí, la ponencia tendría quince días para constituirse y reunirse, y la comisión correspondiente dispondría de un mes para emitir su informe.
El texto logró avanzar con el apoyo del PSOE, Vox, Unión del Pueblo Navarro y el BNG. En contra votaron Sumar, ERC, Bildu y el PNV. Junts, Podemos y Coalición Canaria optaron por la abstención.
Fuentes socialistas subrayaron que su voto favorable responde al carácter preliminar del trámite
Buena parte de los portavoces admitieron que, más allá del contenido, lo que se discutía era la oportunidad y el uso que pudiera hacerse de esta reforma. Y varios grupos reprocharon al PP su falta de coherencia, recordando que cuando gobernaban se opusieron a cambios similares impulsados por la oposición.
ERC, que votó en contra, acusó al PP de aplicar una doble vara de medir. Su portavoz, Gabriel Rufián, recordó que los populares han ampliado durante esta legislatura los plazos de tramitación en el Senado de dos semanas a dos meses para ralentizar la aprobación de la ley de Amnistía.
Junts justificó su abstención por la incoherencia de los grandes partidos: “Cuando los populares bloquean, los socialistas proponen normas rígidas; cuando gobiernan, les conviene la flexibilidad”, resumió el diputado Josep Maria Cervera.
Pero la paradoja de que una reforma destinada a evitar la paralización de los proyectos de ley pueda acabar bloqueada planeó sobre buena parte del debate.
En ese sentido, fuentes socialistas subrayaron que su voto favorable responde al carácter preliminar del trámite. Lo que el PSOE quiso escenificar fue que no tiene objeciones a debatir sobre mejoras en el reglamento, siempre que no obedezcan a intereses partidistas.
Y al igual que el PSOE, algún que otro socio de investidura admitió que evitó posicionarse en contra para no ser acusado de bloquear la reforma sin someterla a debate. Pero matizó que su apoyo inicial no garantiza un respaldo definitivo. Si el texto no incorpora garantías que impidan un uso partidista de los nuevos plazos en caso de que el PP regresara al Gobierno, la reforma podría terminar, irónicamente, paralizada por los mismos mecanismos que ahora dice querer eliminar.
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