La jueza de Madrid que juzgará a Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, por defraudar a Hacienda ha comunicado que dada la “sobrecarga y circunstancias que pesan sobre el Juzgado” todavía está pendiente de fijar la fecha para el juicio, una vez que ya fue acordada la apertura de juicio oral en septiembre del 2025.
La magistrada acepta la mayoría de la prueba solicitada por la Fiscalía, Abogacía del Estado y resto de las partes
La jueza de Madrid que juzgará a Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, por defraudar a Hacienda ha comunicado que dada la “sobrecarga y circunstancias que pesan sobre el Juzgado” todavía está pendiente de fijar la fecha para el juicio, una vez que ya fue acordada la apertura de juicio oral en septiembre del 2025.
En una providencia, la magistrada explica que ya se fijará fecha para que el empresario se siente en el banquillo de los acusados “cuando razones de agenda lo permitan”.
Por otro lado, ha aceptado la prueba solicitada por la Fiscalía, Abogacía del Estado -en representación de la Agencia Tributaria- y demás partes, a excepción de alguna declaración o documental concreta dada la “inutilidad manifiesta”.
González Amador está sólo pendiente de fecha para ser juzgado por la presunta comisión de dos delitos fiscales, otro de falsedad documental, además de un delito continuado contable y otro de pertenencia a organización criminal.
La instructora, titular del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid, sólo le procesó por dos delitos fiscales, por el fraude de 350.000 euros y el de falsedad documental. Sin embargo, en el auto de apertura la magistrada recogió todos los delitos por los que está acusado por todas las partes en este caso las acusaciones populares.
Junto a González Amador también están acusados cuatro presuntos testaferros, Maximiliano Niederer, además de David Herrera y Agustín y José Manuel Carrillo, quienes a través de sus empresas habrían emitido facturas por trabajos ficticios.
Según la investigación, González Amador les habría utilizado para rebajar sus ganancias alegando ante Hacienda que no tenía prácticamente margen entre ingresos y gastos y por tanto reducir al máximo el impuesto de sociedades. Fue a raíz de una investigación de la Agencia Tributaria que se detectó el fraude. Al ser la cantidad defraudada superior a 120.000 euros anuales se convertía en delito y por tanto el proceso de inspección quedó paralizado para iniciar un proceso penal con la querella de la Fiscalía y Abogacía de Estado.
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