El gobierno de Keir Starmer anula establecidas exenciones en el impuesto de sucesión de propiedades familiares rurales Leer El gobierno de Keir Starmer anula establecidas exenciones en el impuesto de sucesión de propiedades familiares rurales Leer
Botas de goma, impermeables encerados, chaquetones de tweed y gorra o sombrero de cuero bajo una lluvia persistente. Niños conduciendo pequeños tractores en el distrito político de Londres y jóvenes y mayores ondeando pancartas con lemas claros: «Sin granjeros, no hay comida ni futuro».
Unos 10.000 campesinos ocuparon este martes el entorno del Parlamento británico y la residencia londinense del primer ministro Keir Starmer en protesta por la abolición de establecidas exenciones fiscales en el traspaso de propiedades agrícolas a descendientes directos. La medida se incluye en los primeros presupuestos generales del Gobierno laborista, publicados a principios de mes, y su entrada en vigor está prevista para abril de 2026.
«Será la ruina de la producción de alimentos en Reino Unido. Acabará con un estilo de vida y el patrimonio rural de todos», advierte Carol, quien viajó de madrugada desde la granja familiar de Northumberland, a unos 500 kilómetros de Londres. Teme que sus hijos no puedan heredar la finca donde la familia de su marido ha cultivado grano y criado ganado desde generaciones atrás. «Las granjas se dividirán para pagar el impuesto de sucesión», protesta.
Las propiedades y explotaciones rurales están libres del habitual gravamen de sucesión desde los años 80. La primera ministra Margaret Thatcher introdujo las medidas de gracia con el fin de proteger la producción agrícola e incentivar el revelo generacional en un sector económicamente deficiente. Desde entonces, el precio de la tierra se ha disparado en relación con los ingresos. «El impuesto está por encima de la capacidad de una granja pequeña para generar ingresos. Hay mucha gente rica en esta manifestación: rica en activos y pobre en efectivo», remarca Thomas Mitchell, granjero escocés.
«Reeves, asesina de PYMES», reza una rústica pancarta. Se refiere a Rachel Reeves, la ministra de Hacienda y Economía que ha reintroducido la obligación fiscal en herencias agrícolas en un plan general de subida de impuestos con el objetivo de sanear las finanzas y mejorar los servicios públicos. Se gravará una tasa de 20% -la mitad de lo habitual en herencias en otros sectores- sobre patrimonios valorados por encima de 1.200 millones de euros, aunque el techo rozará 3.6 millones en ciertas circunstancias. El pago de la deuda se podrá alargar diez años sin intereses.
El gobierno y las patronales difieren en el número de afectados por la reforma. El Tesoro lo limita a 500 granjas mientras que la asociación rural CLA habla de 70.000. Esta organización de terratenientes y empresarios rurales denuncia que el Gobierno laborista ha emitido la «sentencia de muerte» de pequeñas y medianas granjas. El sindicato de granjeros habla de «puñalada por la espalda» y traición del Starmer y sus ministros.
La CLA calcula que una finca de 100 hectáreas con beneficios en torno a 30 millones de euros afrontará un recibo de medio millón de euros en el traspaso de propiedad de padre a hijo. «Estas granjas llevan generaciones en la misma familia y registran un bajo nivel de beneficios», explica a este diario el diputado Edward Leigh.
El político conservador rechaza que la reforma apunte a terratenientes aristócratas ni a millonarios empresarios, como James Dyson, inventor de la gama de aspiradores domésticos y otros productos de alta tecnología, que tiene bajo su propiedad privada más de 14.500 hectáreas de las mejores tierras agrícolas de Inglaterra.
Dyson respaldó el Brexit en 2016, trasladó la dirección fiscal de su imperio empresarial de Inglaterra a Singapur tras la salida de la Unión Europea y critica el plan fiscal laborista que, según escribió en una carta publicada en el Financial Times, va a «matar» a las «firmas familiares británicas».
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